Raúl Castro entregó la presidencia del país sin cumplir ninguna reforma estructural de calado capaz de incentivar la economía. La nueva estrategia mediática de la dictadura es reciclar nombres y rostros sin traspasar el poder real. Solo entregaran a otra persona la responsabilidad de sacar al país del actual desastre económico y social. Pero aun si algunas cosas llegaran a verse diferentes, eso no significará necesariamente que algo esencial haya cambiado.

El general seguirá siendo el dictador al frente de la elite de poder militar y del PCC. Pero deja como legado de su largo mandato presidencial de 12 años, un país en el que lo único que está creciendo es la improductividad, la desigualdad y la pobreza. Deja a Cuba sin una locomotora económica  o tecnológica que la saque de su actual postración. Como gobernante deja a la isla atascada bien atrás, casi al inicio del siglo pasado.

Legalmente no existen negocios privados en Cuba

El general Castro,  primero porque Fidel aún vivía,  y luego para no traicionar su “pensamiento y su obra”, se ha negado a que haya un genuino sector privado en Cuba. Los cuentapropistas no son dueños de nada. Apenas han recibido la autorización de subsistir por su propio esfuerzo. No llegan al status que tenían sus padres o abuelos desde el siglo XIX hasta 1968.

Al cuentapropista solo le entregan  una  licencia de carácter personal para ofrecer ciertos servicios artesanales, de los que ya pululaban en la época de Leonardo Da Vinci.

Un  paladar no es un restaurante privado, como creen los turistas.  Quien lo opera  sólo tiene una licencia personal como “vendedor de alimentos”. Un buen día el gobierno le retira la licencia personal  y se acabó el negocio. Así ocurre constantemente. El trabajador cubano por cuenta propia vive desamparado, no tiene respaldo jurídico.

Raúl Castro no desmontó la Ofensiva Revolucionaria de 1968

El general Castro no fue siquiera capaz de deshacer hacer la fatídica “Ofensiva Revolucionaria” que en marzo de 1968 dio jaque mate a la propiedad  privada en Cuba.

EL 13 de marzo de 1968 Fidel Castro dio por TV la orden de confiscar, ocupar, cerrar o hacer desaparecer los 57,280 pequeños negocios que existían en el país: 11,878 bodegas de barrio; 8,101 restaurantes, fondas, cafeterías y puestos de fritas; 6,653 lavanderías, 4,544 talleres de mecánica automotriz, 3,643 barberías, 3,345 carpinterías, 3,198 bares, 3,130 carnicerías, 1,598 artesanías, 1,188 reparadoras de calzado, y otros.

En su alocución, el dictador calificó a los cuentapropistas de “holgazanes en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche, un negocio cualquiera, para ganar 50 pesos todos los días.”

Y  remató: “Debemos ir proponiéndonos, firmemente, poner fin a toda actividad parasitaria que subsista en la Revolución… ¿vamos a hacer socialismo o vamos a hacer timbiriches?”

Hoy no hay nada que aplaudirle a Raúl Castro por haber autorizado  cooperativas en peluquerías o cafeterías, pues hace 50 años eran negocios totalmente privados y, como tales, registrados legalmente.  El trabajo privado se ejercía en mucha mayor escala, en cientos de oficios. Se incluía la producción de muebles, de zapatos, etc. Y se permitía el aporte privado a la economía nacional de los  profesionales universitarios como médicos, dentistas,  ingenieros, arquitectos, contadores, y otros.

La casta militar no quiere competencia

Los militares no quieren negocios privados que les hagan la competencia a sus corporaciones de brumosa propiedad. También temen que los emprendedores se conviertan  en prósperos empresarios y  pugnen por mayores libertades.  Por eso mantienes severos controles y restricciones a su funcionamiento,  apenas autorizan aquellas cooperativas supeditadas al Estado y mantienen una constante cacería de brujas para evitar que el sector privado prospere y gane autonomía.

La elite de poder no soporta que los emprendedores generen  productos y servicios -según la firma Havana Consulting Group (THCG)-  por más de $2,500 millones anuales y corran con el 18% de los ingresos de la economía nacional. Muy lejos del 70% del PIB en China, pero por algo se empieza. En 2016,  en el pueblo de Trinidad, los ingresos estatales fueron superados por los ingresos privados, según el economista Omar Pérez.

Preocupa al régimen, en vez de celebrarlo, que ya el 12% de la fuerza de trabajo del país labora en el sector privado.  Hay que tener muy pocas neuronas para no entender que en las circunstancias de Cuba son los negocios privados los únicos que pueden elevar la productividad, crear nuevos empleos e incrementar la eficiencia económica. Que le pregunten a los gobiernos comunistas de China y Vietnam que tuvieron que reconocer el papel del mercado después de enfrentar fracasos y hambrunas.

Los dinosaurios y la marcha atrás

Raúl Castro, Machado Ventura, Ramiro Valdés,  Miguel Díaz Canel y Marino Murillo como encargado de la “actualización” socialista, insisten en que el  trabajo no estatal es sólo un complemento sin mucho peso económico, y que en el país seguirá vigente el sistema de economía estatal centralizada.

Con esa filosofía no solo se impide la creación de un genuino sector privado, sino que últimamente el general, inspirado en ella, ha dado marcha atrás. Ha suspendido a intervalos la entrega de ciertas licencias, incluso para restaurantes o casas de renta a turistas (suspendidas desde 2012 hasta 2017). Canceló la entrega de nuevas licencias para vendedores mayoristas de productos agrícolas y para vendedores ambulantes o “carretilleros“, así como también para otras actividades.  El escuálido número total de oficios medievales autorizados se redujo de 201 a 169, según THCG.

La cúpula castrista no percibe un eventual florecimiento del sector privado como una contribución para disminuir la pobreza, sino como una amenaza para su proyecto de instalar un capitalismo de Estado militarizado en el que solo se puedan  enriquecer la familia Castro y los miembros de la elite de poder, en su mayoría militares, pero no el resto de los cubanos.

Uno de los factores que explican la longevidad de la dictadura es precisamente su  hábil manejo de la pobreza masiva para mantener el férreo control social. Quien no aparece en la Libreta de Abastecimientos, no existe. La gente tiene que dedicar sus energías y tiempo a “resolver” sus angustiosas necesidades cotidianas y le queda poco para pensar en cómo derribar a este despótico gobierno.

El colmo: fuga de capitales privados 

El frenazo del general Castro a las pocas libertades concedidas al sector privado, y la atosfera hostil hacia aquel que viene acompañando el incremento del control del Estado sobre dicho sector, han tenido efectos desastrosos. Un estudio de THCG arrojó que entre 280 y 350 millones de dólares  se van del país cada año por las trabas impuestas a los cuentapropistas, a quienes se les prohíbe invertir capital en Cuba.

Es el colmo. En un país descapitalizado, con su economía en crisis profunda, el gobierno lejos de fomentar la inversión y el auge de las fuerzas productivas, las asfixia. Cuba es el único estado de occidente  que prohíbe a sus ciudadanos invertir en su propio país, que no aprovecha  el “know how”  de los profesionales universitarios por cuenta propia y que prohíbe la producción industrial privada.

Raúl Castro rechaza patológicamente la sola idea de que los emprendedores se conviertan  en prósperos empresarios  y pugnen por mayores libertades.  Prefiere que se vayan esos cuantiosos recursos financieros de la isla, antes que ver crecer al sector privado y la disminución de la pobreza de los cubanos. Es realmente cruel.

Los cambios tienen que producirse ya

Cuba no aguanta más. Los cambios tienen que producirse ya. El chavismo se tambalea y a Washington ahora ya no lo pueden engatusar con los cuentos reformistas que le hacían a Obama.  Miguel Díaz-Canel será una marioneta del dictador a menos que en su íntima conciencia albergue otras perspectivas de la realidad y que alguna circunstancia le sea propicia para perseguir sus propias ideas y objetivos. Algo no imposible, pero muy poco probable.

Cuba no saldrá de la pobreza si no se restaura la propiedad privada y el mercado. Es necesario el acceso libre a internet para insertar la isla en el siglo XXI, acabar con el monopolio estatal del comercio interno y externo, eliminar las trabas a los negocios privados, a la inversión de capital privado nacional y a la incorporación de los profesionales al sector privado.

Son derechos básicos, elementales. En EE.UU hay 28 millones de pequeños negocios que generaron en 2016 el 52% del gigantesco PIB  y  el 66% de todos los nuevos empleos, según la publicación “Mundo Ejecutivo”. Y en la Unión Europea hay  21 millones de empresas pequeñas y medianas que producen también la mayor parte del PIB y crean dos de cada tres empleos.

Los cubanos  quieren libertad para pensar, expresarse, asociarse, sindicalizarse,  producir, crear, innovar, comerciar, exportar, importar y distribuir bienes y servicios. Mientras Díaz Canel o cualquier otro funcionario castrista quiera seguir aplastando esos derechos e imponerles el yugo estatal, nada habrá cambiado en Cuba aunque los rostros de la opresión se reciclen con otros más jóvenes.

Informe especial de FHRC elaborado por
Roberto Alvarez Quiñones

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