La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha lanzado una campaña por la defensa de los derechos laborales, basada en que la apertura económica no puede ser edificada sobre la base de la complicidad de las empresas extranjeras con el gobierno cubano para perpetuar las graves violaciones laborales y de derechos humanos básicos que fomenta la legislación vigente en la isla.

La FDHC urge a las entidades extranjeras, corporaciones y gobiernos, que exijan a La Habana ejercer su derecho a contratar a empleados cubanos de manera libre, directa, justa y no discriminatoria.

Como parte de la campaña FDHC ha publicado un comunicado de prensa al respecto:

Comunicado de Prensa

Campaña por los Derechos Laborales en Cuba

La apertura económica hacia Cuba que hoy tiene lugar en diversos países no puede ser edificada sobre la base de la complicidad de las empresas extranjeras con el gobierno cubano para perpetuar las graves violaciones laborales y de derechos humanos básicos que fomenta la legislación vigente en la Isla. Urgimos a las entidades extranjeras, corporaciones y gobiernos, que exijan al gobierno cubano ejercer su derecho a contratar los empleados cubanos de manera libre, directa, justa y no discriminatoria.

Las leyes y procedimientos existentes -que se exige respetar a las inversiones extranjeras en Cuba- imponen la violación de derechos humanos y laborales internacionalmente aceptados. Las “empresas mixtas” en Cuba no seleccionan, contratan, ni pagan a los trabajadores directamente; ello se realiza a través de otra empresa estatal, que actúa como intermediaria recibiendo los pagos del inversionista extranjero en moneda convertible y pagando al trabajador una fracción infinitamente menor en pesos cubanos no convertibles. Se estima que, con base a este arreglo, la empresa estatal confisca alrededor de un 80 a un 96 por ciento de lo que el inversionista extranjero paga por el trabajador. Un sistema de explotación similar se le impone a los profesionales cubanos (médicos, maestros, deportistas, etc.) que prestan servicios en otros países.

En la selección y contratación del trabajador, las empresas estatales intermediarias (como ACOREX) utilizan criterios de “idoneidad” y selección política discriminatorios. En todo ese proceso el trabajador no puede recurrir a medios no estatales para defenderse, ya que la sindicalización independiente está prohibida y el poder judicial y los medios de prensa están bajo control del mismo estado. Las protestas públicas y las huelgas laborales son penalizadas. Estos mecanismos de selección, contratación, remuneración y prohibición de la sindicalización independiente violan varios Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo algunos ratificados por Cuba. Incluso algunas de estas violaciones se basan en regulaciones administrativas contrarias a lo establecido en la propia Constitución y Código Laboral de Cuba.

Para hacer frente por primera vez a esa realidad, el disidente Gustavo Arcos Bergnes presentó, en 1994, los “Principios Arcos” que fueron apoyados en Estados Unidos, entre otras organizaciones, por la AFL-CIO. Ahora que el gobierno cubano ha reiniciado su esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros, se refuerza el desafío de exigir el respeto a derechos humanos y laborales.

En ese contexto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC / FDHC) y la Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC), han decidido trabajar de conjunto a partir de ahora en tres áreas:

a) Promover una alianza con los sindicatos en los países de las inversiones extranjeras que operan en Cuba para que apoyen los derechos de los trabajadores cubanos y exijan de sus empresas que respeten estos derechos.

b) Documentar ante los organismos multilaterales laborales y de derechos humanos -así como ante los gobiernos – en especial aquellos que contratan profesionales cubanos- y ante el movimiento sindical mundial, el modo en que las leyes y regulaciones vigentes en Cuba violan los derechos humanos y laborales de los trabajadores cubanos para que exijan el cese de esas violaciones.

c) Promover una campaña al interior de Cuba para exigir de las autoridades cambios a las leyes y códigos laborales vigentes, de manera que no se puedan seguir violando “legalmente” los derechos de los trabajadores, para que exista un verdadero marco legal que realmente se corresponda con los derechos universalmente aceptados en los Pactos, Convenios y declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Puede leer más al respecto en los siguientes enlaces:

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article111726247.html#storylink=cpy

 
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